El Periódico
Lunes,
28/08/2017
A finales del 2015 el Parlament aprobó una declaración que decía que era soberano y que no acataba la ley española. El 'conseller' Mas-Colell -y otros- se llevaron las manos a la cabeza, pero el texto era imprescindible para que las CUP no vetaran a Artur Mas. Claro,
el Tribunal Constitucional (TC) anuló la declaración. La historia
finalizó con que Mas se retiró, Carles Puigdemont le sustituyó y se
recurrió la anulación ante el mismo TC. Parece el juego de los
disparates, pero así fue.
El 4 de julio se presentó con gran pompa en el Teatre Nacional, no en el Parlament, la ley del proyecto de referéndum del 1-O. Y
el 31 de julio se registró en la cámara catalana. La idea era admitirla
a trámite el 16 de agosto y para eso se había cambiado la normativa,
para que la sesión parlamentaria se iniciara el 15 de agosto. Era lógico
porque sería difícil votar en referéndum el 1 de octubre si la ley no
era aprobada con una antelación mínima de un mes. No sólo por la
campaña, había que exponer el censo y crear una sindicatura electoral.
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