Llevaba meses anunciando en la tertulia de Es la noche de César cuáles iban a ser las sentencias de los tres casos del juez Garzón y dado que he acertado tres de tres no puedo decir que me sorprenda la última relacionada con la investigación de los crímenes de los vencedores de la guerra civil. Sostenía yo en la tertulia que modero que aunque mi posición personal era similar a la del voto particular redactado por el magistrado Maza, sin embargo, estaba convencido de que el Supremo se inclinaría por una sentencia que podría resumirse en un «es usted un ignorante supino, pero esa circunstancia, triste e innegable, no lo convierte en prevaricador». A decir verdad, la resolución constituye una trituradora de toda la propaganda zapaterina sobre la mal llamada Memoria histórica y, sobre todo, de la bochornosa endeblez jurídica de Garzón. Diferencia el texto la búsqueda de la verdad histórica, siempre interpretable y vinculada a la perspectiva del tiempo, de la que debe emprender un juez de lo penal que debería buscar no sembrar la compasión sobre las víctimas sino encontrar a culpables, juzgarlos y condenarlos, algo que Garzón no podía hacer en ningún caso.
Señala igualmente que no se puede iniciar una causa contra los crímenes de la guerra civil porque prescribieron hace años –algo que Garzón sabía– que no se les puede aplicar retroactivamente la consideración de crímenes contra la Humanidad ya que la Convención de Viena es posterior; que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos es obviamente contraria a las acciones de Garzón; y que crímenes de guerra cometieron –¡ay ZP, ay Cayo Lara, ay Valenciano!– los dos bandos en no pocas ocasiones. Desmonta totalmente la interpretación de la Transición impulsada desde cierto sector de la izquierda en el sentido de que el franquismo impuso su impunidad como las dictaduras argentina y chilena para recordar que, en realidad, todas las fuerzas políticas cedieron algo para permitir una convivencia que evitara la guerra civil, que fue la izquierda la que más énfasis puso en la ley de amnistía de 1977 y que, por supuesto, ésta sigue vigente como el mismo Garzón puso de manifiesto al rechazar la querella interpuesta contra Santiago Carrillo por las matanzas de Paracuellos. Y a todo lo anterior, añádase que la resolución va pulverizando todas y cada una de las suposiciones de Garzón para dejar de manifiesto que no pasó de ser un zote jurídico, una calamidad judicial, un verdadero ceporro con puñetas. Lo han absuelto, sí, pero, tras leer la sentencia, da la sensación de que a los magistrados les ha faltado un pelo para concluirla con el título de aquella novela de Álvaro de Laiglesia que tenía por nombre «¡Dios le ampare, imbécil!».
Quien conoce poco la Catalunya política no suele entender lo que aquí sucede cada año en torno al 11 de septiembre, nuestra fiesta nacional. En los días previos el ambiente se caldea, siempre hay alguna excusa para el victimismo. En la Diada la emoción sube de tono: estamos al borde de la independencia. Trascurridos unos días todo se medio olvida y la Catalunya política y mediática deja de sobreactuar, se alcanza un clima de precaria tranquilidad hasta encontrar otra ocasión para escenificar de nuevo el tantas veces anunciado "choque de trenes". Entre la gente de la calle, gracias a Dios, reina la calma, a lo más se habla de Mourinho, el placebo hoy más de moda.
El tema estrella del año pasado fue la "agresión"del Tribunal Constitucional contra el Estatut; este año le ha tocado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Para los nacionalistas, el derecho, las normas jurídicas, son un mero instrumento para lograr sus fines, no el marco en el que estos pueden alcanzarse. Como no han comprendido, o no quieren comprender, el significado del Estado de derecho, sólo respetan la ley si les da la razón. Por eso los jueces son molestos: a veces les hacen cumplir las leyes.
Pues bien, el Tribunal Superior catalán ha dictado un auto que establece un plazo de dos meses para que las autoridades educativas de la Generalitat cumplan unas sentencias del Tribunal Supremo que, en aplicación de la Constitución, recordaban que las lenguas vehiculares de la enseñanza son el catalán y el castellano. En realidad, lo que reconocen las sentencias es que la legislación catalana, desde hace muchos años, vulnera la Constitución.
Hasta la aprobación del Estatut del 2006 este reconocimiento no fue posible porque se había logrado, gracias a la astucia de Jordi Pujol, que tal legislación nunca fuera enjuiciada por el Constitucional. El error estratégico de los nacionalistas fue incorporar esta legislación al texto del nuevo Estatut sabiendo que el asunto acabaría siendo resuelto por dicho tribunal. Este, en su sentencia del año pasado, se limitó a aplicar la doctrina que ya había establecido la STC 337 de 23 de diciembre de 1994: en la enseñanza primaria y secundaria tanto el catalán como el castellano deben ser lenguas vehiculares, es decir, lenguas en las que se imparte la docencia.
Hasta ahora era opinión común entre los políticos y los medios de comunicación catalanes que esta sentencia 337/1994 establecía que la "política de inmersión" –expresión generalizada, aunque incorrecta, de que la única lengua vehicular de la enseñanza es el catalán– había sido declarada conforme a la Constitución. Ello no era cierto en absoluto, la sentencia decía precisamente lo contrario, bastaba con leerla para saberlo. Naturalmente, muchos de los que así se expresaban no la habían leído. Pero otros sí la habían leído y callaban. Por esto Jordi Pujol movió cielos y tierra, es decir, Gobierno y oposición, para que el Defensor del Pueblo no interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de Política Lingüística de 1998: sabía que el TC la declararía en este punto inconstitucional. Los redactores del nuevo Estatut no fueron tan inteligentes. La STC del año pasado dejó claro que catalán y castellano son lenguas vehiculares, algo que, por otro lado, es moneda corriente en muchos centros de enseñanza de Catalunya.
Y ahí está, a mi modo de ver, el aspecto más escandaloso del asunto: una cosa es la ley y otra la práctica; la Catalunya oficial, una vez más, no se corresponde con la real, vivimos en un país de ficciones y apariencias. Porque la realidad es que quien busca, y tiene dinero, encuentra: en muchos colegios catalanes privados y concertados las lenguas vehiculares son catalán, castellano y una lengua extranjera. E incluso en algunos colegios e institutos públicos, debido a la sensatez y sentido de la responsabilidad de sus profesores, también se imparten clases en castellano. Todo el mundo lo sabe pero la Catalunya oficial lo oculta y la emprende contra los tribunales para hacerse la víctima de una España opresora.
Entren, por ejemplo, en la web del colegio Aula, uno de los más prestigiosos de Barcelona, fundado y dirigido por el eminente pedagogo Pere Ribera, fallecido en el 2009, al que se le otorgó la Creu de Sant Jordi en 1992 y en el que estudiaron tanto Artur Mas como sus hijos. De forma clara allí se dice que en esta escuela el catalán y el castellano son lenguas vehiculares desde la más tierna infancia y que, más adelante, también lo son el francés y el inglés. Es un ejemplo, hay muchos más, todos los sabemos.